Sinposis

Hace ya más de veinte años que, en plena oleada privatizadora, el gobierno uruguayo _al igual que otros del continente_ decidió promover los mecanismos legales para excluir de su dominio y privatizar los entes industriales y comerciales. Los argumentos no carecían de peso: el clientelismo y la falta de inversiones habían deteriorado el funcionamiento de algunas de esas empresas y generaban muchas quejas por sus servicios caros e ineficientes. Por otra parte, se prometía que los recursos obtenidos permitirían incrementar la inversión «genuina» en otros sectores como salud, educación o seguridad social, que estaban fuertemente desfinanciados